Una nueva controversia sacude a la administración del alcalde Alejandro Eder, esta vez por un millonario contrato que hoy levanta serias dudas sobre transparencia, ejecución y posible detrimento patrimonial.

A finales de 2025, la plataforma CaliContrata, bajo la dirección de una funcionaria hoy saliente y señalada por presuntos actos de corrupción, adjudicó un contrato por $2.631 millones para la compra de 265 computadores. Cuatro meses después, el panorama es alarmante: los equipos no han sido entregados en su totalidad y parte de ellos, sencillamente, no aparecen.

Precios fuera de toda lógica de mercado

Las cifras del contrato resultan difíciles de justificar. Según la información disponible:

• Cada computador de escritorio fue adquirido por $30.140.570
• Cada portátil alcanzó un valor de $15.859.972

Estos montos contrastan fuertemente con el mercado, donde equipos con características similares difícilmente superan los $8.500.000, incluso en configuraciones de alta gama. La diferencia no es menor: se trata de sobrecostos que, en algunos casos, duplican o triplican el valor real.

Equipos que no existen o no aparecen

El contrato establecía como fecha límite de entrega el 21 de diciembre de 2025. Sin embargo, hoy el incumplimiento es evidente:

• 119 computadores no aparecen
• Sobre los restantes, no existe claridad sobre su ubicación o uso

No hay certeza de si estos equipos están almacenados en bodegas, si fueron entregados parcialmente o si, en el peor de los escenarios, nunca llegaron. Tampoco hay evidencia clara de que estén siendo utilizados en programas de cultura, educación o fortalecimiento institucional, como se habría planteado.

Silencio administrativo y narrativa de distracción

Mientras crecen los cuestionamientos, desde el gabinete municipal no hay respuestas contundentes. Por el contrario, sectores críticos señalan una estrategia basada en la victimización y la generación de cortinas de humo para desviar la atención del problema central: un contrato con posibles irregularidades graves.

La falta de explicaciones no solo alimenta la desconfianza ciudadana, sino que también pone en entredicho los mecanismos de control interno y la eficacia de la supervisión contractual.

Un caso que exige respuestas urgentes

Este episodio no es menor. De confirmarse las irregularidades, podría tratarse de un caso emblemático de mala gestión de recursos públicos en la ciudad. La magnitud del contrato, sumada a los presuntos sobrecostos y al incumplimiento en la entrega, plantea interrogantes que deben ser respondidos con urgencia.

Los organismos de control tienen ahora la tarea de esclarecer:

• ¿Dónde están los equipos faltantes?
• ¿Cómo se justificaron los precios pagados?
• ¿Quiénes son los responsables de la supervisión del contrato?
• ¿Existió o no detrimento patrimonial?

En una ciudad con múltiples necesidades sociales, cada peso cuenta. Y cuando los recursos públicos se pierden entre sobrecostos y “equipos fantasma”, lo que está en juego no es solo dinero: es la confianza de los ciudadanos.