Lo que hoy se presenta como un dilema ambiental no es más que el resultado de más de tres décadas de negligencia estatal. La historia de los hipopótamos traídos por Pablo Escobar no debería ser una anécdota exótica, sino una evidencia contundente de cómo Colombia deja crecer sus problemas hasta que se vuelven inmanejables.

Todo comenzó con cuatro animales en la Hacienda Nápoles. Hoy son más de 150, dispersos por la cuenca del río Magdalena, convertidos en la población de hipopótamos más grande fuera de África. Pero este crecimiento no fue inesperado ni inevitable: fue advertido durante años por expertos, ignorado sistemáticamente por gobiernos de todos los niveles.

El Estado tuvo tiempo. Tiempo para planificar, para invertir, para ejecutar soluciones reales. Pero eligió lo más fácil: aplazar. Entre debates burocráticos, falta de coordinación institucional y decisiones tibias, los hipopótamos se reprodujeron sin control, mientras las autoridades miraban hacia otro lado.

Ahora, el gobierno de Gustavo Petro propone la eutanasia de decenas de animales como medida urgente. Una decisión que, aunque respaldada por sectores científicos, llega tarde y mal. Tarde, porque el problema ya escaló a niveles críticos. Y mal, porque refleja la incapacidad histórica de anticiparse a las crisis.

El debate ético es inevitable, pero también incómodo: ¿cómo se justifica sacrificar animales sanos cuando fue el propio Estado el que permitió que la situación se saliera de control? ¿Dónde estaban las soluciones hace 10, 15 o 20 años?

Más allá del impacto ambiental —que incluye alteraciones en ecosistemas, desplazamiento de especies nativas y riesgos para comunidades—, este caso expone un patrón repetido en Colombia: problemas estructurales que se ignoran hasta que explotan.

Los hipopótamos ya no son solo una especie invasora. Son el reflejo de un Estado reactivo, desarticulado y sin capacidad de ejecución sostenida.

Y mientras el país debate, una vez más, llega tarde a una crisis que él mismo dejó crecer.