Denunciar la violencia intrafamiliar es un deber ético, social y humano. Pero convertir una denuncia en herramienta de comunicación política es otra cosa muy distinta. En el caso expuesto por Cathy Juvinao, lo que debería primar es el curso legal, la protección de la presunta víctima y el respeto por el debido proceso, no el rédito político inmediato.

Hechos de esta gravedad deben ser atendidos por la justicia, no por tribunales digitales. Nelson David Hernández Pinto, como cualquier ciudadano, debe contar con acompañamiento institucional, garantías legales y acceso a ayuda psicosocial si así se requiere, no con el linchamiento público que hoy se impulsa desde una narrativa electoral. Confundir justicia con escarnio no protege a las víctimas ni fortalece las instituciones.

Anticipar juicios en redes sociales, amplificar el señalamiento con fines políticos y convertir una denuncia en contenido de campaña no aporta a la lucha contra la violencia de género: la instrumentaliza. El foco se desplaza de las garantías para la presunta víctima y del rigor judicial hacia el protagonismo de quien denuncia y el cálculo electoral que la rodea.

La violencia contra las mujeres no necesita oportunismo ni estrategias de posicionamiento. Necesita procesos serios, silencios responsables, protección efectiva y respeto por los tiempos de la justicia. Cuando la denuncia se convierte en campaña, el daño es doble: se revictimiza y se banaliza una causa que debería estar por encima de cualquier aspiración política.