Mientras usted, lector, probablemente enfrentaba el tráfico de la Avenida Sexta, hacía fila en un hospital o miraba con preocupación las noticias de nuevos hechos violentos en su barrio, uno de los hombres elegidos para resolver la crisis de la ciudad estaba tomando el sol en San Andrés.

El concejal liberal James Agudelo decidió que las playas caribeñas eran un compromiso más urgente que su deber en la sesión crítica y legalmente obligatoria para elegir al Contralor de Cali y aprobar el Presupuesto 2026. Su ausencia no fue un percance médico o una tragedia familiar; fue una elección de lujo en medio del colapso institucional.

Pero este viaje insultante es solo la punta del iceberg de un escándalo que huele a podredumbre. Circula con fuerza en corrillos políticos una denuncia grave: varios concejales habrían recibido promesas de $100 millones y cuotas burocráticas en la Alcaldía de Alejandro Eder a cambio de un acto específico: bloquear la elección de un contralor independiente.

El cálculo es cínico y perfecto: al evitar que se nombre un vigilante con dientes, el alcalde Eder se aseguraría un control total sobre el presupuesto del próximo año, un botín que supera el billón de pesos, sin fiscalización interna. La “ausencia” de Agudelo y de otros 13 concejales no es casual: es la moneda de cambio de un acuerdo en las sombras.

La ecuación es un insulto a la inteligencia caleña:

Problema: Ciudad en emergencia por violencia y desempleo.
Solución de la clase política: Paralizar el órgano de control.
Método: Soberbia vacacional (San Andrés) y presunta compra de voluntades.
Resultado: Un alcalde con poder reforzado para decretar el presupuesto y concejales que, o bien están en la playa, o bien esperan su recompensa por traicionar el voto popular.

James Agudelo no es un turista desprevenido. Es un símbolo de la impunidad y el desprecio que siente la clase política gobernante por una ciudad que se cae a pedazos. Su foto en la arena es la evidencia gráfica de que el pacto no es con la gente, sino contra ella.

Cali ya no puede permitir que sus crisis se administren entre viajes all-inclusive y transferencias bancarias en la oscuridad. Exigimos que la Procuraduría y la Fiscalía investiguen de inmediato estas denuncias de presunta compra de votos en el Concejo. Y que los ciudadanos recordemos estos nombres y estos actos cuando, en las próximas elecciones, nos vendan otra vez el cuento del cambio y la renovación.