El giro quedó formalizado el 28 de agosto, cuando el Gobierno colombiano firmó las resoluciones ejecutivas 342 a 350. Los nueve actos administrativos clausuran dos mesas de paz y un espacio de conversación sociojurídica abiertos durante la Presidencia de Gustavo Petro, retiran el reconocimiento a los interlocutores armados y revocan las designaciones de los negociadores estatales.

La decisión convierte en hechos la promesa con la que Abelardo De la Espriella llegó a la Casa de Nariño. En su discurso de posesión del 7 de agosto, el mandatario afirmó que la opción del diálogo estaba “completamente agotada” y ordenó recuperar la iniciativa frente a las organizaciones que continuaran vinculadas al narcotráfico, el terrorismo, la extorsión y otras actividades criminales.

El nuevo Ejecutivo sostiene que la ‘paz total’ concedió beneficios sin obtener resultados verificables en varias negociaciones. Su respuesta combina operaciones militares, reactivación de órdenes de captura, sometimiento a la justicia y cooperación internacional, con Estados Unidos como principal destino de las extradiciones.

Nueve resoluciones cierran las mesas heredadas de Petro

El primer proceso clausurado afecta a las estructuras dirigidas por alias ‘Calarcá’. La Resolución 342 retira el reconocimiento a sus representantes; la 343 termina la mesa con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes de las FARC-EP, y la 344 aparta a la delegación gubernamental que encabezaba Gloria Quiceno Acevedo.

El segundo bloque de decisiones se dirige contra la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, integrada, entre otras facciones, por los Comandos de la Frontera. Las resoluciones 345, 346 y 347 eliminan el reconocimiento de sus voceros, cierran formalmente las conversaciones y revocan a los representantes del Gobierno. Entre los afectados figura Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’.